9/Julio/2026

Detrás del CISEN Sánchez Ortega

Exonerado: La decisión judicial que otorgó la libertad definitiva al ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), José Antonio Sánchez Ortega, representó un punto final jurídico aunque difícilmente histórico a una de las teorías más controvertidas de la historia política contemporánea de México: la tesis del segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Durante tres décadas, la mancha de sangre en la chamarra blanca del agente, detenida en la vorágine de Lomas Taurinas aquel 23 de marzo de 1994, alimentó el imaginario colectivo de investigación que buscaba un complot de Estado. Al desestimarse penalmente su participación activa en las detonaciones, el aparato judicial mexicano sepultó la posibilidad de sostener la narrativa de una acción coordinada en el graderío popular de Tijuana, dejando el peso absoluto del crimen en la figura del asesino solitario y cerrando una ventana que la propia Fiscalía General de la República intentó reabrir de forma gradualmente lenta, lo cual colapsó  frontalmente con la solidez de un expediente que, con el tiempo, terminó por disolver las sospechas científicas en favor del ex servidor público.

¿Quién operó?: La presencia de Sánchez Ortega en el lugar del atentado no fue un acto de azar, sino el resultado de una cadena de mando institucional que operaba bajo la lógica de la seguridad del Estado hegemónico de esa época. La orden de asistir a la colonia Lomas Taurinas para cubrir minuciosamente el evento de campaña del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional Luis Donaldo Colosio provino directamente de la delegación estatal del CISEN en Baja California, entonces coordinada por mandos locales que reportaban de forma rutinaria las actividades de alta relevancia política y los posibles focos de inestabilidad en la frontera. El encargo del agente era realizar labores de inteligencia de campo, recopilar el sentir social y evaluar los riesgos del entorno, una práctica común para el organismo en eventos de tal magnitud, lo que explica por qué se encontraba a escasos metros de Colosio al momento de los disparos; sin embargo, la falta de coordinación y el caos posterior convirtieron su asignación oficial en la coartada que paradójicamente lo transformaría en el sospechoso más célebre del caso. En el centro del debate sobre las omisiones institucionales emerge la figura de Jorge Tello Peón, quién en marzo de 1994  se desempeñaba como Director del CISEN y bajo cuya tutela legal operaban los agentes desplegados en Tijuana. A lo largo de 34 años diversos sectores políticos y analistas se  plantearon  por qué la actual Fiscalía General de la República, encabezada por el actual Embajador ante Reino Unido   Alejandro Gertz Manero, no insistió con mayor rigor en llamar a rendir declaración ministerial exhaustiva a los altos mandos del espionaje civil de la época, o por qué el propio Gertz cejó en su empeño de revivir la teoría de los dos balazos provenientes de ángulos distintos. La respuesta yace en la prescripción de los delitos, la falta de elementos probatorios nuevos y el desgaste de una estrategia jurídica que, al intentar retomar las viejas hipótesis de la colusión del CISEN, topó con el muro de las sentencias previas y el desinterés de un sistema judicial que exigía certezas científicas irrefutables, no supuestos  históricos, debilitando el impulso político de la fiscalía por reescribir el pasado. Mientras el entorno del espionaje oficial queda exculpado, el autor material del magnicidio Mario Aburto Martínez, permanece en reclusión dentro del sistema penitenciario federal, frustrando de forma sistemática sus intentos legales por alcanzar la libertad. A pesar de los recurrentes amparos promovidos por su defensa jurídica, que argumentaban violaciones al debido proceso, tortura sistemática y la necesaria aplicación del código penal de Baja California vigente en 1994 el cual estipuló  una pena menor para el homicidio en comparación con el código federal, las cúpulas del Poder Judicial y el Estado mexicano  mantenían una postura de estricta retención. La permanencia de Aburto en prisión responde no solo a la gravedad del delito que fracturó la estabilidad del país, sino también a una resistencia institucional implícita que evita los costos políticos e históricos que implicaría ver al hombre que detonó el revólver Taurus caminar libre por las calles, manteniendo su condena como el único recordatorio inamovible de la verdad oficial.

Versiones: Detrás de este entramado de seguridad y violencia, permea  la vieja interrogante sobre la verdadera cadena de mando en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y si el CISEN quedó realmente bajo el control operativo del poderoso Coordinador de la Oficina de la Presidencia, José Córdoba Montoya. Historiadores y actores políticos de la época coinciden en que la enorme influencia de Córdoba Montoya cruzaba de manera transversal las áreas más sensibles del gabinete, subordinando la seguridad nacional a la estrategia de consolidación económica y sucesoria de la presidencia. Aunque formalmente el organismo de inteligencia informaba a la Secretaría de Gobernación, en los hechos, la información estratégica más depurada y las decisiones de alto nivel sobre la gobernabilidad del país pasaban primero por el escritorio del asesor francomexicano. Esta centralización del poder fáctico alimentó el mito de que el CISEN operaba como un brazo político personal de la Oficina de la Presidencia, consolidando una estructura vertical donde la inteligencia del Estado servía prioritariamente al diseño político de Los Pinos.